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| Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde y Manuel Talens |
[Nota: En estos momentos son las 11 y cuarto de la mañana, hora de Caracas. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, está hablando en directo en TeleSur desde San José (Costa Rica). Ha confirmado que esta madrugada unos soldados irrumpieron abriendo fuego en su residencia y lo amenazaron de muerte, a él y a su familia, si se oponía al golpe de Estado. Se vio obligado a acompañar a los soldados, que lo transportaron a la base aérea, desde donde voló a Costa Rica. Ha solicitado que el gobierno de Estados Unidos emita un comunicado en el que condene el golpe, pues lo contrario significaría su aquiescencia.]Caracas (Venezuela).- El mensaje de texto que sonó en mi teléfono móvil esta mañana decía así: “Alerta, Zelaya ha sido secuestrado, golpe de Estado en marcha en Honduras. Difúndelo.” Ha sido un duro despertar en un domingo por la mañana, sobre todo para los millones de hondureños que se estaban preparando para ejercer por primera vez su sagrado derecho al voto en un referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Supuestamente, la disputa se centra en el referéndum convocado para hoy, que no es vinculante, sino sólo una encuesta de opinión para determinar si una mayoría de hondureños desean, o no, que se inicie un proceso para modificar su Constitución.
Una iniciativa de este tipo nunca había tenido lugar en esta nación centroamericana, cuya constitución es tan limitada que sólo permite una mínima participación del pueblo hondureño en sus procesos políticos. Dicha constitución, redactada en 1982, en el momento álgido de la guerra sucia del gobierno de Reagan en Centroamérica, fue diseñada para instituir que quienes detentaban el poder tanto económico como político pudiesen mantenerlo con las mínimas interferencias del pueblo. Zelaya, elegido en noviembre de 2005 por la plataforma del Partido Liberal de Honduras, había propuesto la encuesta de opinión para determinar si la mayoría de los ciudadanos estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma constitucional. Su propuesta fue apoyada por la mayoría de los sindicatos y movimientos sociales del país. De haber tenido lugar, y dependiendo de los resultados, se habría organizado un referéndum durante las próximas elecciones de noviembre para votar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero la encuesta prevista para hoy no era vinculante de acuerdo con la ley.
De hecho, varios días antes de que tuviera lugar, la Corte Suprema de Honduras la declaró ilegal a petición del Congreso. Es de señalar que ambos, Congreso y Corte Suprema, están controlados por mayorías contrarias a Zelaya y por miembros del ultraconservador Partido Nacional de Honduras (PNH). La ilegalización dio lugar a manifestaciones masivas favorables al presidente Zelaya. El 24 de junio, el presidente destituyó al jefe del alto mando militar, el general Romeo Vásquez, después de que éste se negase a permitir que los militares distribuyesen el material electoral para la consulta de hoy. El general Vásquez mantuvo el material bajo estricto control militar y se negó a distribuirlo, incluso a los seguidores del presidente, con la excusa de que la Corte Suprema había declarado ilegal la consulta prevista y, por lo tanto, no podía obedecer la orden presidencial. Al igual que sucede en Estados Unidos, el presidente de Honduras es el Comandante en Jefe y tiene la última palabra en cualquier acción militar, por lo que ordenó la destitución del general. Ángel Edmundo Orellana, ministro de Defensa, también dimitió como respuesta a esta situación cada vez más tensa.
Pero al día siguiente la Corte Suprema de Honduras restituyó en sus funciones al general Vásquez, tras declarar “inconstitucional” su destitución. Miles de hondureños se echaron a las calles de Tegucigalpa, la capital del país, en apoyo al presidente Zelaya, como muestra de su determinación de asegurar que la consulta no vinculante tuviera lugar. El viernes pasado, el presidente y un grupo de centenares de seguidores, marcharon a la cercana base aérea para recuperar el material electoral previamente secuestrado por los militares. Aquella noche, Zelaya celebró una conferencia de prensa nacional junto a un grupo de políticos de diferentes partidos y movimientos sociales, en la que hizo un llamamiento a la paz y a la unidad en el país.
Ayer sábado se informó que la situación en Honduras era tranquila. Sin embargo, en la madrugada de hoy domingo un grupo de aproximadamente sesenta militares armados asaltaron la residencia presidencial y tomaron como rehén a Zelaya. Tras varias horas de confusión, empezaron a filtrarse informaciones según las cuales el presidente había sido transportado a la cercana base aérea y llevado a la vecina Costa Rica. Hasta el momento no existen imágenes del presidente y se desconoce si su vida está en peligro.
Sobre las 10 de la mañana, hora de Caracas, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del presidente, denunció en directo en TeleSur que en la madrugada del domingo los soldados irrumpieron en su residencia disparando, golpearon al presidente y lo secuestraron. “Fue un acto cobarde”, dijo la primera dama refiriéndose al secuestro, que tuvo lugar a una hora en la que nadie pudo reaccionar. Castro de Zelaya hizo también un llamamiento para que mantuvieran con vida a su marido e indicó que incluso ella desconoce su paradero. Añadió que sus vidas siguen estando en “grave peligro” y pidió que la comunidad internacional denunciase este golpe de Estado y actuase con rapidez para reinstaurar el orden constitucional del país, lo cual incluye el rescate y regreso del democráticamente elegido Zelaya.
Evo Morales y Hugo Chávez, presidentes de Bolivia y Venuela, han realizado declaraciones públicas la mañana de hoy domingo, en las cuales condenan el golpe de Estado en Honduras y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que reaccione, se restaure la democracia y el presidente constitucional regrese a su puesto. El miércoles pasado, 24 de junio, tuvo lugar en Venezuela un encuentro extraordinario de los países miembros del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), de la que forma parte Honduras, con el fin de dar la bienvenida a la organización a Ecuador, Antigua, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Durante el encuentro, al que asistió Patricia Rodas, ministra de Exteriores de Honduras, se leyó una declaración de apoyo al presidente Zelaya en la que se condenaba cualquier intento socavar su mandato y los procesos democráticos de Honduras.
Informes provenientes de Honduras establecen que el Canal 8 de la televisión pública ha sido tomado por las fuerzas golpistas. Hace pocos minutos TeleSur anunció que los militares hondureños están cortando la electricidad del país. Según ha informado la ministra Rodas en TeleSur: “Las comunicaciones telefónicas y la electricidad están cortadas. Las televisiones emiten dibujos animados y telenovelas y no informan al pueblo de Honduras de lo que está sucediendo.” La situación es muy parecida a la del golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez en Venezuela, cuando los medios jugaron un papel clave, en primer lugar manipulando la información como apoyo al golpe y, con posterioridad, eliminando cualquier información una vez que el pueblo empezó a manifestarse y terminó por derrotar a las fuerzas golpistas rescatando a Chávez, que también fue secuestrado por los militares, y restaurando el orden constitucional.
Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años ochenta, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier “amenaza comunista” en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos en la región.
El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria con el fin de discutir la situación en Honduras. Con posterioridad emitió un comunicado en el que condenó las amenazas a la democracia y autorizó el viaje a Honduras de un grupo de representantes de la OEA. No obstante, el viernes, Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto estadounidense, se negó a definir la posición del gobierno estadounidense con respecto al posible golpe de Estado contra el presidente Zelaya y, en su lugar, emitió una ambigua declaración de la que se desprendía que Washington apoyaba a la oposición al presidente Zelaya. Mientras que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos declararon sin ningún género de duda su más rotunda condena de los planes golpistas de Honduras y su inquebrantable apoyo al presidente constitucionalmente elegido, el portavoz estadounidense afirmó: “Nos preocupa la ruptura del diálogo político entre los políticos hondureños sobre la consulta constitucional del 28 de junio. Instamos a las partes a que busquen una solución democráticamente consensuada al actual callejón sin salida político, que sea conforme a la constitución y a las leyes hondureñas acordes con los principios de la Carta Democrática Interamericana.”
Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, Washington todavía no ha emitido ninguna declaración relativa al golpe de Estado en Honduras. La nación centroamericana es muy dependiente de la economía estadounidense, que le asegura una de las principales fuentes de ingresos, las transferencias de dinero que envían los hondureños que trabajan en Estados Unidos bajo el programa de “estatuto temporal protegido”, instaurado durante la guerra sucia de Washington en la década de los ochenta a causa de la enorme inmigración a territorio estadounidense para escapar de la zona de guerra. Otra fuente importante de ingresos de Honduras es USAID, que aporta más de 50 millones de dólares anuales para programas de “promoción de la democracia”, los cuales habitualmente dan apoyo a las ONG y a los partidos políticos favorables a los intereses de Estados Unidos, como ha sido el caso en Venezuela, Bolivia y otras naciones de la región. El Pentágono también mantiene la base militar de Soto Cano en Honduras, con aproximadamente quinientos soldados y numerosos aviones y helicópteros de combate.
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Estimados hermanos y hermanas primero quiero rendirle un homenaje al pueblo Awajun de la selva amazónica, a sus mártires caído en enfrentamiento con las fuerzas policiales y militares del Estado opresor peruano, del gobierno genocida de Alan García. A ello todo mi respeto y admiración. Sé que no decaerán y seguirán luchando por su justos derechos, nos dan un ejemplo de valor y dignidad.
Referirme en este artículo sobre la ratificación del convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y la lucha del pueblo mapuche.
Estas iniciativas político-jurídicas sólo son leyes, instrumento que son utilizadas de acuerdo a los intereses del sistema de dominación capitalista. En este país por su naturaleza capitalista colonizadora, no se respetan los derechos de los pueblos Indígenas. Los Estados Nacionales son los que aprobaron un acuerdo llamado convenio 169 de la O.I.T. son ellos mismo los que disponen a su voluntad ratificarlo internamente de acuerdo a sus marcos jurídicos. En chile el marco jurídico lo da la constitución política heredada de la dictadura. Recordemos que estos mismos Estados Nacionales han invadido a los pueblos naciones originarias, los colonizaron, ocuparon sus territorios. Todos los proceso de ocupación se han caracterizado por ser violentos, los Estados Nacionales desarrollaron una verdadera campaña militar y política para someter y ocupar los territorios de los indígenas. Razón por la cual los pueblos-naciones originarios sobreviven en un estado de dominación y en condición de opresión. Los pueblos mas débiles fueron exterminado por las políticas colonizadoras y genocidas de estos Estados Nacionales en nuestra America.
Muchos piensan que reconociendo constitucionalmente a los indígenas, en particular al pueblo Mapuche, existirá un cambio fundamental en la relación político-social entre los mapuche y el Estado chileno. El Estado Chileno, por su naturaleza colonialista, jamás ha reconocido los legítimos derechos del pueblo nación Mapuche. El ejercicio de los derechos políticos y territoriales por parte de nuestro pueblo, no pasa porque el Estado Chileno ratifique engañosamente un convenio como el 169 de la OIT o reconozca constitucionalmente a nuestro pueblo. Sino que lo fundamental es que las comunidades continúen desarrollando sus organizaciones para resistir y reconstruirse. Será en nuestro territorio histórico, en nuestras comunidades, ordenadas por una estructura propia lo que nos garantizará avanzar en el reestablecimiento de nuestros derechos. Las leyes y convenios durante toda la historia política y jurídica del Estado chileno, a excepción del tratado de tapihue, apuntan a la dominación y al exterminio del pueblo mapuche. La actual situación de dominación y de oprimido en la que nos encontramos lo cambiaran las fuerzas sociales y políticas que construya el propio pueblo mapuche. Los logros políticos del pueblo mapuche deben darse en las bases, en nuestro territorio histórico, en las comunidades, allí deben desarrollarse los procesos de resistencia y reconstrucción. No podemos seguir siendo ingenuos, ignorantes o serviles, el Estado chileno favorece abiertamente a los intereses capitalistas, estos intereses son la base de la colonización y de las políticas jurídicas de exterminio que ha promovido el Estado Chileno en nombre de los indígenas. La vía de ir a la institucionalidad del Estado a buscar solución a nuestra demanda de pueblo ya esta agotada, cuantos mapuche no se han entrevistado con parlamentarios, con ministro, con gobiernos, ¿Qué hemos logrado como pueblo Mapuche?. Hemos logrado estar más reducido en nuestros espacios territoriales y en nuestros derechos políticos y humanos, vemos como el Estado se compromete y apoya a las empresas multinacionales para que se apoderen de nuestras tierras y recursos naturales etc. Por lo mismo ya no podemos seguir dejando en mano de una institucionalidad ajena y anti mapuche el destino de nuestro pueblo. Para que el Pueblo Mapuche, las naciones indígenas, como así los oprimidos en general logremos libertad tendrá que haber cambios estructurales y políticos significativos en este país y en toda Latinoamérica. No olvidemos que los Mapuche también quedamos repartidos, una parte, los del puelmapu, en el lado que hoy el Estado Argentino ejerce soberanía, con las mismas estrategias y método que utilizó el Estado chileno para ocupar el territorio de nuestro pueblo.
La realidad de las naciones originarias en América Latina, en países donde se ha ratificado el convenio 169 de la O.I.T. no ha mejorado en nada la condición de los pueblos indígenas, me refiero a sus derechos. Solo su lucha permanente le da esperanza de seguir viviendo.
Si ahondamos en datos más oficiales podemos encontrar informes de organizaciones de DD.HH., de misiones de la propia ONU, señalando que la situación de los pueblos indígenas sigue siendo catastrófica y miserable en cuanto a indicadores de desarrollo humano y social, con o sin convenio 169. Entonces, la realidad más digna es donde los pueblos resisten y se reconstruyen, aun cuando existan costos pagados con sacrificios y vidas humanas, son pueblos que se llenan de esperanza de seguir existiendo.
La base de la desestructuración del pueblo mapuche está fundada en la intervención del Estado chileno y del sistema capitalista en nuestro territorio histórico. Paso a paso los mapuche vamos entendiendo esta realidad por lo que nuestro proceso de lucha tiene que ser integral, para contrarrestar la arremetida sistemática de las políticas estratégicas del poder opresor. Las comunidades que luchan comprenden el desafío de mantener la resistencia, que es necesario para continuar existiendo como pueblo-nación, pero también comprenden que nuestra lucha le sirve a los oprimidos en general. Abrazamos unas de las luchas más justas del mundo. Resistir y levantarnos como experiencia de vida.
Por ello la sociedad consciente, las organizaciones políticas y/o sociales: construyan sus procesos de lucha para avanzar hacia una sociedad global mas justa, que se construyan alternativas y experiencia donde se privilegie al ser humano, a la vida, se reconstruyan los valores humanitarios. Que la esencia de las sociedades mas justas sea el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y sus culturas de vida y justicia.
La pobreza y dominación es la situación que afecta a la gran mayoría de los pueblos, en particular a los indígena, de ahí que la condición de oprimido en este país y toda nuestra América nos debe hacer tomar acciones constructivas en cada paso que demos para lograr liberarnos o resistir a las injusticias del sistema capitalista o a su modelo. En el mundo los oprimidos somos más y luchamos por la vida. Luchamos por la naturaleza, por la cultura, por la continuidad de nuestros pueblos y en general por la humanidad. Los dominadores, imperialistas y oligarquías que sostienen este sistema imperante capitalista son menos y muchos menos.
Por ello, que los procesos emancipadores, los proyectos libertarios traerán como consecuencia frenar o derrotar al sistema, es necesario que se multipliquen las experiencias de resistencia, las experiencias de autonomía y control territorial. Los procesos acogerán la entrega incondicional y consciente de hombres y mujeres para fortalecer nuestras bases históricas de lucha, que no se olvide nuestra historia, nuestros muertos, perseguidos, encarcelados, torturados, que todos aquellos que luchan o lucharon para un mundo mejor sean nuestro ejemplo. Que la lucha no sirva tan solo para exigir más dinero, sino que sea por logros más integrales, que el sacrificio y valentía de los hombres y mujeres sirvan para ganar dignidad, derechos fundamentales. Fundamental es la claridad política e ideológica de nuestros movimientos sociales y políticos. Las estructuras de poder capitalista e imperialista se sustentan en la injusticia, en la miseria, promueven políticas criminales. Los Estados nacionales administrados por gobiernos débiles o de la oligarquía militarizan las comunidades indígenas y no dudan en ordenar la represión, asesinar con tal de privilegiar y proteger los intereses de los capitalistas.
Con dolor nos enteramos de la masacre provocada por el gobierno genocida del Perú, encabezado por el criminal y corrupto Alan García en contra del pueblo Awajun. Mis hermanos del Pueblo Awajun solo defienden lo que es y ha sido milenariamente de ellos y los capitalistas con los decretos promulgados por el gobierno peruano pretenden robarles los territorios y recursos al pueblo Awajun. Que injusticia nos toca compartir, y en Chile no estamos lejos de que pase lo mismo, los destacamento policiales que están apostados en territorio mapuche, protegiendo los intereses capitalistas se movilizan provocando constantemente a las comunidades mapuche. La rabia acumulada de la injusticia lleva a la gente a reaccionar y a luchar incorporando todos los elementos que sirvan para frenar al enemigo. Así que siempre hay que estar atento y preparado para seguir fortalecido. La decisión de mi pueblo se encamina a lograr la justicia histórica que es territorio y autonomía.
Los gobiernos de turno en Chile hasta ahora se rinden a los pies de los capitalistas y lamentablemente a futuro no se ve un cambio de esta situación. Las contradicciones existentes tienden a perpetuarse. Un artículo distinto sería analizar la situación de los oprimidos criollos en chile y de la izquierda tradicional, ¿cual es su responsabilidad en el estado actual de cosas?
La oligarquía y los operadores del Estado, como un cuerpo unido tienen todos los recursos para intervenir en las comunidades, manipular la situación, y no dudan en hacer uso de la violencia y de las herramientas políticas que les da la institucionalidad del Estado. Pero también los capitalistas, las multinacionales forestales y latifundistas internamente crean sus aparatos para reprimir a las comunidades, es así como han amenazado con actuar masivamente con sus comandos paramilitares. Lo que les importa es lograr sus objetivos estratégicos de consolidar su sistema capitalista avanzando con sus inversiones, saqueando el territorio y los recursos naturales del pueblo Mapuche.
La misma presidenta Bachelet que conoció la represión, de un gobierno de la oligarquía, del dictador Pinochet, ella hoy al servicio de esta clase, asume la idea, de reprimir a los mapuche, niega que su gobierno tiene presos políticos mapuche y asume la estrategia de criminalizar las demanda de los mapuche. Desarrolla una campaña comunicacional para juzgar de ante mano a los dirigentes y luchadores mapuche. Todos los presos mapuche están encarcelados por estar vinculados a un hecho de la lucha de las comunidades, vinculado al sabotaje de los intereses de las multinacionales forestales y a los intereses de los latifundistas que han hecho verdaderas fortuna en territorio mapuche.
Las forestales son las grandes responsables de tener sin agua a las comunidades en el tiempo de verano, transformando a las comunidades, a sus tierras casi en un desierto. Si las forestales siguen invirtiendo en la zona de Malleco, Arauco y cautín en poco año estaremos en presencia de zonas desérticas en territorio mapuche. Las plantas de eucalipto maduro se calcula que toman una cantidad cercana a los 200 litros de agua al día. Como no va ser justo, entonces, luchar en contra las forestales, que son empresas multinacionales que no le importa la vida, que no le importan los recursos naturales, como el agua, el suelo. Sabemos que el agua dulce a futuro será un recurso escaso… éstos son parte de los fundamentos básicos de nuestra lucha, ¿qué persona honesta nos podrá decir criminal, delincuente? como dijo la presidenta cuando la cuestionaron en el extranjero por tener en su gobierno presos políticos Mapuche.
Por ello es que creemos que un Estado capitalista, aunque se ratifiquen acuerdos y reconocimientos a favor de los pueblos originarios, éstos serán instrumentos de intervención y de sometimiento. Esto es mas claro que el agua del Lago Lleu-lleu, en Perú existe ley indígena y se ha ratificado el convenio 169 de la OIT, entonces ¿qué paso con los mecanismo de resolución de conflicto, de participación indígenas en el desarrollo de las comunidades? ¿dónde están los derechos humanos que hacen mención las constituciones políticas de los Estados Nacionales?. Reafirmo que las bases de nuestra resistencia son políticas, humanitarias y, en general por la vida, por un mundo mejor, frente a un sistema injusto.
Se despide
José huenchunao
Preso político mapuche.
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RADIO POPULAR NUEVA AURORA, 97.5 FM
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RADIO POPULAR NUEVA AURORA
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