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Aproximadamente un día alcanzó la Universidad de Playa Ancha a estar funcionando antes de irse a paro. Y no es para menos. Ignorando un acuerdo con la Asociación Regional de Funcionarios de dicha casa de estudios (AFUPLA), que buscaba evitar despidos a cambio de medidas alternativas de ahorro para enfrentar la crisis económica que afecta a la institución, Rectoría terminó con los contratos de casi 70 trabajadores mientras estos estaban de vacaciones. Dentro de ellos, había dos funcionarias con fuero maternal.
Resulta curioso, por decir lo menos, lo aseverado en la web de la universidad, donde la autoridad señala que “en cumplimiento de los acuerdos suscritos el 18 de diciembre entre la Rectoría y la AFUPLA, y en fechas posteriores, para especificar parámetros en aras de alcanzar la sustentabilidad institucional, se estuvo de acuerdo en la necesidad de reducción de personal a contrata y se analizaron y establecieron criterios consensuados para ello”.
Una declaración completamente rechazada hoy por los trabajadores, quienes indican que en dicho acuerdo “se estructuraba una propuesta que en ningún momento es equivalente a los actuales resultados”, pues los posibles despidos “sólo se entenderían en aquellos casos de funcionarios con calificación 3 y 4; o cuando existiera dualidad de funciones; o los jubilados recontratados; o abusos de licencias médicas; o sancionados por sumarios graves”, según han planteado. Características que, aseguran, no corresponderían a las de los trabajadores notificados de su despido.
Agrava la falta, alegan los afectados, el hecho de que el pasado 18 de enero, la Directora de Personal, Nelly Alonso, tras solicitar telefónicamente a la AFUPLA retomar en marzo el trabajo de la Comisión de Revisión de Estímulos (que paralelamente buscaba terminar con las grandes diferencias de sueldos), confirmara la “no existencia de listados de posibles despidos”, tema que se resolvería sólo llegado marzo y una vez que el trabajo de dicha comisión concluyera.
Sin embargo, esta movilización ha servido también para evidenciar otra de las aristas de la grave crisis que afecta a la UPLA y que sus funcionarios han aprovechado de denunciar: incumplimiento en la regularización de pagos previsionales, con un arrastre de cotizaciones impagas por más de 5 meses en algunos casos; falta de transparencia en los procedimientos administrativos internos de la Universidad, donde habrían cargos directivos para los que no ha existido concurso; una deteriorada situación del bienestar del personal y de numerosos beneficios que han dejado de percibir (convenios con casas comerciales, atenciones de salud, supermercado, entidades financieras, etc.); y “apropiación de sueldos” que siendo descontados todos los meses serían derivados por la Vicerrectoría de Finanzas para otros fines; paralización y eliminación de logros adquiridos por derecho a través de la AFUPLA (colación, bonos, carrera funcionaria, etc), entre otras.
Por eso es que, además de reclamar el total reintegro de los funcionarios afectados por los despidos, la AFUPLA iniciará en estos días acciones judiciales y paralelamente exige hoy la destitución de la Prorrectora, Carmen Ibáñez, y del Vicerrector de Administrador y Finanzas, Eduardo Faivovich. Mal regreso a clases.
Información aportada por los compañeros de Revista Ciudad Invisible
Y lo hicieron de nuevo. Este domingo 17 de febrero el pequeño Cristofer Cárdenas Ahumada, de sólo 13 años, terminó quizás su último día de jugarretas con una bala en su cabeza. La disparó un funcionario de Carabineros.
