***Radio Popular Nueva Aurora – 97.5 FM***

Aproximadamente un día alcanzó la Universidad de Playa Ancha a estar funcionando antes de irse a paro. Y no es para menos. Ignorando un acuerdo con la Asociación Regional de Funcionarios de dicha casa de estudios (AFUPLA), que buscaba evitar despidos a cambio de medidas alternativas de ahorro para enfrentar la crisis económica que afecta a la institución, Rectoría terminó con los contratos de casi 70 trabajadores mientras estos estaban de vacaciones. Dentro de ellos, había dos funcionarias con fuero maternal.

Resulta curioso, por decir lo menos, lo aseverado en la web de la universidad, donde la autoridad señala que “en cumplimiento de los acuerdos suscritos el 18 de diciembre entre la Rectoría y la AFUPLA, y en fechas posteriores, para especificar parámetros en aras de alcanzar la sustentabilidad institucional, se estuvo de acuerdo en la necesidad de reducción de personal a contrata y se analizaron y establecieron criterios consensuados para ello”.

Una declaración completamente rechazada hoy por los trabajadores, quienes indican que en dicho acuerdo “se estructuraba una propuesta que en ningún momento es equivalente a los actuales resultados”, pues los posibles despidos “sólo se entenderían en aquellos casos de funcionarios con calificación 3 y 4; o cuando existiera dualidad de funciones; o los jubilados recontratados; o abusos de licencias médicas; o sancionados por sumarios graves”, según han planteado. Características que, aseguran, no corresponderían a las de los trabajadores notificados de su despido.

Agrava la falta, alegan los afectados, el hecho de que el pasado 18 de enero, la Directora de Personal, Nelly Alonso, tras solicitar telefónicamente a la AFUPLA retomar en marzo el trabajo de la Comisión de Revisión de Estímulos (que paralelamente buscaba terminar con las grandes diferencias de sueldos), confirmara la “no existencia de listados de posibles despidos”, tema que se resolvería sólo llegado marzo y una vez que el trabajo de dicha comisión concluyera.

Sin embargo, esta movilización ha servido también para evidenciar otra de las aristas de la grave crisis que afecta a la UPLA y que sus funcionarios han aprovechado de denunciar: incumplimiento en la regularización de pagos previsionales, con un arrastre de cotizaciones impagas por más de 5 meses en algunos casos; falta de transparencia en los procedimientos administrativos internos de la Universidad, donde habrían cargos directivos para los que no ha existido concurso; una deteriorada situación del bienestar del personal y de numerosos beneficios que han dejado de percibir (convenios con casas comerciales, atenciones de salud, supermercado, entidades financieras, etc.); y “apropiación de sueldos” que siendo descontados todos los meses serían derivados por la Vicerrectoría de Finanzas para otros fines; paralización y eliminación de logros adquiridos por derecho a través de la AFUPLA (colación, bonos, carrera funcionaria, etc), entre otras.

Por eso es que, además de reclamar el total reintegro de los funcionarios afectados por los despidos, la AFUPLA iniciará en estos días acciones judiciales y paralelamente exige hoy la destitución de la Prorrectora, Carmen Ibáñez, y del Vicerrector de Administrador y Finanzas, Eduardo Faivovich. Mal regreso a clases.

Información aportada por los compañeros de Revista Ciudad Invisible

Y lo hicieron de nuevo. Este domingo 17 de febrero el pequeño Cristofer Cárdenas Ahumada, de sólo 13 años, terminó quizás su último día de jugarretas con una bala en su cabeza. La disparó un funcionario de Carabineros.

Como en todos estos casos, las versiones no calzan. Mientras la policía sostiene que los uniformados dispararon al aire para intimidar a un grupo de personas que lanzaba piedras a los vehículos que subían por el camino La Pólvora, la abuela del niño, que iba tras él, asegura que la bala fue directo a Cristofer, quien se habría asomado a la baranda para ver qué ocurría en la carretera.

Por ahora, se instruye un sumario administrativo por parte de Fiscalía Militar, del cual ya se puede adivinar el veredicto tras las declaraciones del prefecto de Valparaíso, José Capella: “Los uniformados dispararon al aire”.

Imposible ya aislar -y no buscar respuestas a este hecho- en aquella suerte de licencia implícita que le permite a uniformados abusar y gozar de un poder con estas consecuencias. Que, entre otros, le quitó injustificadamente la vida a Daniel Menco (23 años) y Alex Lemún (17) en diferentes protestas, en 1998 y 2003; a Cristián Castillo, el 11 de septiembre de 2005; a Yovani Reyes (23) a quien se lo obligó a tragarse fatalmente la droga que portaba; al niño Óscar Landeros, de 11 años, que ignoraba las consecuencias de pelearse con el hijo de un carabinero en servicio activo, en el sector de Pudahuel Sur, días antes del 11 de septiembre de 2007; y, más recientemente, al estudiante mapuche Matías Catrileo (24), tiroteado por la espalda.

Sin duda, se trata de prácticas inherentes al rol represor del uniformado, sea este violento por naturaleza o moldeado en sus años de instrucción. Procedimientos que cuentan con la venia, primero, de su institución que, a través de la Fiscalía Militar, asegura impunidad a los crímenes; segundo, desde una autoridad que se cuadra públicamente con los victimarios en nombre del orden social y, emocionalmente, con los uniformados caídos en el cumplimiento de su “deber”; y, por último, de una sociedad en psicosis colectiva gracias a la mediatización majadera de índices delictivos alejados deliberadamente de la realidad, y que satanizan todo acto en contra del orden establecido.

Mientras, Cristofer continúa grave en la UCI del Hospital Van Buren de Valparaíso, en un coma inducido por medicamentos.

Daniel Labbé